Gobierno desempolva ley de precios justos e interviene empresas productivas

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En medio de la crisis productiva que atraviesa el país, no solo por el colapso económico de la última década, sino también por la paralización comercial gracias a las medidas de confinamiento por covid-19, el gobierno de Nicolás Maduro decidió asfixiar aun más a la empresa privada tras anunciar medidas de intervención contra varias de las compañías alimenticias más importantes del país.

La vicepresidenta del chavismo, Delcy Rodríguez, informó este viernes 24 de abril sobre la ejecución de medidas contra un grupo de empresas, en aplicación de la ley de precios justos.

«Activamos un despliegue cívico-militar para proteger y garantizar los derechos socioeconómicos de los venezolanos. Hay que precisar las distorsiones que se presenten en la estructura y cadena de costos, precisar qué está afectando la configuración de los precios que afectan directamente a la población», destacó.

En este sentido, explicó que se tomaron dos tipos de medidas. La primera solo aplica contra el Consorcio Oleaginoso Portuguesa (Coposa), empresa contra la que se dictó una ocupación temporal por 180 días prorrogables, por parte de las autoridades del oficialismo. Más temprano llegaron a la planta de Acarigua funcionarios del Ministerio del Trabajo, acompañados por militares, para realizar la toma.

«La medida busca garantizar la producción y preservar que no se convierta en un factor de distorsión que genere especulación», explicó Rodríguez.

En un segundo lugar, se ordenó un mecanismo de «ventas supervisadas» contra Alimentos Polar, Plumrose y un matadero de Turmero, estado Aragua; ya que «se convertían en marcadores referenciales especulativos que están afectando a la población en general».

Esta decisión tiene como objetivo que se preserven y reserven los «precios acordados» de los productos, mediante la supervisión de las actividades de estas compañías, especialmente en lo referente a la comercialización de los productos.

Además, informó que las autoridades económicas del país sostuvieron una reunión con representantes de las principales cadenas de supermercados, entre las cuales figuraron Central Madeirense y Unicasa.

Adelantó también que en las próximas horas se anunciarán más medidas y acciones para «contener la explicación», a la vez que se le advertía a otros «sectores minoritarios» que no afecten los «precios solidarios».

Precios justos: un viejo conocido

El gobierno recurre nuevamente a una de sus tácticas recurrentes, el control de precios, después de un 2019 en el que dieron relativa libertad a los comerciantes, a pesar de ciertas amenazas y propuestas del gobierno chavista que nunca se concretaron.

La última vez que el gobierno planteó un control de precios fue en agosto de 2018, después de anunciar un paquete económico que prometía remediar los problemas del país de una vez por todas. En ese contexto se introdujo el ‘Plan 50’, una medida que pretendía establecer «precios acordados» con los productores a 50 productos prioritarios para las familias venezolanas.

Aunque el plan se anunció y se realizaron reuniones con productores para afinar estudiar la estructura de costos de cada producto, la aplicación del mismo fue esporádica.

Ahora nuevamente surge una propuesta con características similares. Extraoficialmente se conoció que el gobierno prepara una lista de 27 productos de la canasta básica con precios «acordados». El primero revelado es el de la carne, que fue fijado en dólares.

El Gobierno de Maduro concretó en una semana su plan para establecer control de precios, después de que el valor del dólar se disparase más de un 100% en abril y la inflación diera un importante repunte.

A inicios de semana, se realizó una reunión entre las autoridades del gabinete de Economía y productores privados, a quienes les pidió instalar mesas de trabajo para evaluar estructuras de costos y acordar los precios de alimentos relacionados con la producción de carne, pollo y cereales.

El jueves 23 de abril, Maduro denunció públicamente presuntos casos de especulación por parte de la empresa privada. Les acusó de sabotear al país y los esfuerzos del gobierno por combatir la propagación del coronavirus y advirtió que tomaría medidas. Menos de 24 horas más tarde, se concretaron las primeras decisiones y se prepara el terreno para establecer un control de precios.

Los productores advierten que controlar los precios en este contexto es imposible, pues el dólar, necesario para adquirir materias primas, varía diariamente. A esto se le suman problemas como la escasez de gasolina y la imposibilidad de trasladar productos, factores que también han inflado los precios de algunos productos.

«Mientras no se arregle lo macro, imposible arreglar lo micro. Hablamos ayer con un dólar en un precio y hoy está mucho más caro, cómo puede uno parar esto. Es inviable, imposible, hoy todo lo que fuimos a comprar costaba 10%, 15% más. Aquí nadie puede fijar precios, menos en un país que no tiene gasolina ni absolutamente nada. No es fácil», afirmaba Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), tras la reunión con las autoridades chavistas.

Con información de TalCual

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