AN de Guaidó aprobó pago a bufete que lleva caso del oro venezolano en Inglaterra

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La comisión delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015 aprobó un acuerdo sobre los permisos correspondientes a la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV) para cancelar los honorarios profesionales y gastos asociados al juicio por el oro venezolano en poder del Banco de Inglaterra.

En la sesión de la delegada, donde no estuvo presente Juan Guaidó a pesar de anunciar su recuperación de covid-19, se autorizó la ampliación del Fondo especial de Litigios, con el objetivo de hacer uso de recursos del país depositados en el exterior y pagar al bufete Arnold & Porter.

Según el acuerdo, propuesto por el diputado Marco Aurelio Quiñones como parte de la «protección de activos venezolanos en el exterior», el pago a dicho bufete y el abogado Andrew Fulton asciende a $3.720.687,43.

El proceso judicial sobre los 31 lingotes de oro venezolano depositados en el Banco de Inglaterra se mantiene estancado mientras el Tribunal Supremo británico decide sobre la legitimidad o no de Juan Guaidó, actuando como representante de la República en su condición de mandatario interino, para reclamar dicho oro.

La administración de Nicolás Maduro, a través del abogado Sarosh Zaiwalla, también ha reclamado su propiedad sobre dicho oro, acusando a Guaidó de querer robarse los recursos depositados en el exterior. Además ha señalado al interino de llevar una campaña de desprestigio contra su representante legal a través de redes sociales.

DDHH violados

El comisionado del gobierno interino para los derechos humanos, Humberto Prado, presentó su informe sobre la situación de los DDHH durante 2020 en el país ante la comisión delegada de la Asamblea Nacional.

En la sesión, el comisionado Prado reiteró los informes de organismos internacionales sobre la existencia de un patrón de ejecución contra hombres jóvenes en barriadas pobres del país en supuestos operativos de seguridad policial.

La Comisión logró identificar a 400 víctimas de estas ejecuciones, cometidas por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), además de 125 personas que no han sido identificadas. A ello se suman las más de 2.500 ejecuciones extrajudiciales denunciadas por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El comisionado Prado también destacó que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales ha sido «severamente violados» en 2020, especialmente en el contexto de la pandemia por covid-19.

En su informe señaló que 79,3% de los venezolanos no tienen para cubrir la canasta básica, que culminó ese año costando alrededor de 300 dólares, mientras que 95% de los hogares se encuentra en pobreza. 27% de los ciudadanos estaría en estado de mendicidad, y el 42% reportó que deben rebuscar alimentos en la calle.

También denunció un «ecocidio masivo en los últimos cinco años», pues más de dos millones de hectáreas han sido afectadas por actividades depredadoras del ambiente. Señaló los más de 20 derrames petroleros ocurridos solo en 2020 en el lago de Maracaibo, y destacó que hay 350% más de presencia de mercurio en peces cerca del golfo Triste.

Prado incluyó además en su resumen la muerte de 297 médicos por covid-19 el año pasado, una cifra que recogieron junto a la organización Médicos Unidos por Venezuela. El comisionado afirmó que Venezuela ostenta la cifra de personal sanitario más alta en América Latina, siendo la mayoría mujeres.

Sobre las mujeres, refirió que el año pasado su oficina registró 212 femicidios dentro del país, y 56 adicionales de venezolanas en el extranjero. También se llevó a cabo una encuesta nacional de acoso sexual callejero, donde el 86,4% de las encuestadas reportó que siempre o casi siempre fueron víctimas de acoso sexual, y hay 10 millones de mujeres afectadas por la escasez de anticonceptivos.

Con respecto a las personas privadas de libertad, Humberto Prado dijo que documentaron 229 ejecuciones extrajudiciales en cárceles durante el año pasado. 61% de las muertes estuvieron asociadas a violencia policial, mientras que 33% por cuestiones de salud.

Sobre las personas LGTBI, el comisionado dijo que registraron 109 personas asesinadas que no se identificaban como cisgénero, mientras que seis mil familias que necesitan protección y no la tienen.

Humberto Prado también señaló la situación de los defensores de DDHH el año pasado, cuando contabilizaron 286 ataques en su contra. Destacó que su Oficina elaboró un borrador de proyecto de ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos, que esperan sea presentada en la comisión delegada este año.

El segundo vicepresidente de la AN electa en 2015, Juan Pablo Guanipa, destacó que dicho informe demuestra que en Venezuela «no hay respeto a nada, ni siquiera al derecho a la vida y por consiguiente se anulan el resto de los derechos. Todos han sido confiscados por la dictadura de Nicolás Maduro».

Presión por vacunas anticovid

Los diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015 también insistieron, en un debate sobre la situación del covid-19 en Venezuela, sobre la necesidad de acelerar la adquisición de vacunas contra esta enfermedad a través del mecanismo Covax, y un plan nacional de vacunación serio y eficaz que abarque a poblaciones en riesgo.

El parlamentario Gilmar Márquez (Voluntad Popular – Zulia) dijo que a la administración de Nicolás Maduro «se le fue de las manos el control de la pandemia, y esto va a costar la vida de hombres y mujeres necesarios para la reconstrucción del país. No podemos permitir que se sigan perdiendo vidas por el mal manejo de esta situación».

Por ello, pidió que se acelere el proceso de vacunación a la población que realmente lo necesita, como el personal sanitario y adultos mayores en primera instancia. El diputado José Antonio Mendoza (Primero Justicia – Monagas) coincidió con Márquez, al tiempo que cuestionó la desatención al sector salud.

«Médicos están contagiándose y muriéndose, los centros de salud totalmente colapsados y vemos el desprecio de Nicolás Maduro haciendo alarde de estar vacunado con una vacuna a la que no tiene acceso el resto de la población. ¿Cuántas vidas deben perderse para que dejen entrar las vacunas del mecanismo Covax? ¿Cuántas vidas de médicos deben perderse para que se active un plan de vacunación eficaz?», sentenció Mendoza en su intervención.

La diputada por Lara Ana Salas señaló que Venezuela está «en el peor momento de la pandemia con aumento de casos y muertes. Esta AN va a seguir insistiendo en la entrada de vacunas a través del mecanismo Covax. Apoyamos un plan de vacunación donde se priorice al sector salud y población adulta en lugar de los que mantienen este régimen opresor».

Mientras que Eliezer Sirit (Voluntad Popular – Falcón) aseveró que independientemente si la administración de Nicolás Maduro no permite el ingreso de vacunas a través del mecanismo Covax, «hay que acelerar el mecanismo para la compra de vacunas y su ingreso al país para poder salvarle la vida a millones de venezolanos».

Juan Pablo Guanipa culminó el debate diciendo que «no nos importa la marca, lo que nos importa es que ingresen las vacunas que ya han sido negociadas a través del mecanismo Covax. Mientras tanto quienes sufren son los venezolanos, los que ven morir a sus familiares sin poder ayudarlos».

Insistió que en Venezuela el bloqueo sobre las vacunas viene de parte de Maduro, a diferencia de otros países de América Latina donde ya ha avanzado la inmunización de forma exitosa. Además, pidió un minuto de silencio por todas aquellas personas que han fallecido en el país producto de esta enfermedad.

Con información de TalCual

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