54 organizaciones exigen más pericia en informes sobre situación alimentaria en Venezuela

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Un total de 54 organizaciones venezolanas de distinta índole y personas suscribieron un documento en el que manifiestan su preocupación por la información reflejada en informes internacionales sobre la situación alimentaria y nutricional de Venezuela, al considerar que no reflejan datos actualizados y ofrecen una visión poco detallada de la crisis que sufre el país.

El documento fue redactad por el Observatorio Venezolano de la Salud, el Colegio de Nutricionistas-Dietistas de Venezuela, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, la Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición, el Capítulo Venezolano de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, El Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, y la Red Agroalimentaria de Venezuela.

Estas organizaciones argumentan que los más recientes informes internacionales de agencias que estudian la situación alimentaria del país presentan algunas irregularidades que pueden ser contraproducentes para denunciar esta crisis, lo que a su vez es perjudicial para la ayuda que puede optar a recibir la población venezolana.

Destacan como ejemplo concreto el informe sobre los impactos potenciales de la pandemia por Covid-19 sobre la seguridad alimentaria en América Latina preparado por FAO a solicitud de la Coordinación Nacional de la Presidencia Pro Témpore de México ante la CELAC, que señala de forma adecuada la crítica situación de inseguridad alimentaria del país, pero luego celebra la «buena práctica» del sistema de abastecimiento gubernamental comprendido en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Las organizaciones alertan que destacar los CLAP como una buena práctica resulta paradójico, pues el propio gobierno de Nicolás Maduro reconoció en una reciente encuesta publicada en el sistema Patria, que hasta un 88% de la población venezolana presenta problemas para adquirir las cajas o bolsas e comida, y el informe de la FAO-Celac fue publicado en un contexto de protestas relacionadas con demoras de las entregas de estos insumos.

Argumentan, además, que este sistema de distribución de alimentos comete múltiples violaciones al derecho a la alimentación de los venezolanos. «Estas van, desde la vulneración del derecho a comer por autodeterminación, hasta la de tener que comprarle al Estado una caja de alimentos de la que se desconoce su contenido», detallan.

El valor nutricional presente en estas cajas también es un tema a contemplar, pues contienen productos que ofrecen nutrientes desequilibrados y predominan los carbohidratos y las grasas, además de que los productos solo alcanzan para que una familia de cinco miembros se alimenten cinco días.

Destacan también las denuncias en torno a los CLAP y el negocio corrupto que mantendrían los gobiernos de México, Colombia y Argentina con el chavismo al momento de adquirir los productos, con sobrefacturación y un sinfín de irregularidades.

«Causa notable preocupación que un sistema de abastecimiento y distribución de alimentos que se despliega en un claro patrón de violación al Derecho a la Alimentación, con graves vicios de fondo y forma, y bajo investigaciones judiciales, pueda ser resaltado por FAO como modelo en un informe regional», consideran las organizaciones.

También se refirieron a la publicación del Global Nutrition Report, un documento en el que la información sobre el estado nutricional de lactantes y niños pequeños es ausente, y que maneja de forma inadecuada diversos enunciados sobre la situación alimentaria del país. Aseveran que las variables sobre las que registran las cifras tienen 11 años de retraso, mientras que los datos sobre el estado nutricional de los niños de edad escolar y adultos, datan de 2013 a 2016, por lo que tampoco están actualizadas.

«La información presentada en este Global Nutrition Report corresponde a proyecciones de revistas científicas, basadas a su vez en la aplicación de modelos de cálculo a partir de los índices globales de la carga sanitaria de enfermedades prevalentes. Algunas de estas cifras no son consistentes con la situación real del país», advierten.

Las organizaciones lamentaron que el Global Nutrition Report no utilizara la data del clúster mundial de nutrición instalado en el país, sino que en su lugar prefiriera mostrar variables calculadas con base en la situación del país hace 11 años. O cuando menos, tomar en cuenta reportes internacionales actualizados como el Estado Mundial de la Infancia 2019 de Unicef, el Estado de la Seguridad Alimentaria en el Mundo 2019 y el Reporte de Crisis Alimentarias Mundiales.

«Es desalentador que un documento como el Global Nutrition Report, con tanto alcance en términos de incidencia, no reserve un espacio de su análisis para actualizar y recomendar el seguimiento cercano de los países que están enfrentando las peores crisis alimentarias del mundo, por esto luce inconsistente -aun cuando no sea falso- que en la sección de contexto del informe Venezuela sea incluida junto a Irak, Corea del Norte, Libia y Palestina entre los países clasificados como Estados frágiles», resaltan.

Ponen en tela de juicio también el Reporte Mundial de Crisis Alimentarias 2020, ya que se basaron únicamente en el reporte Unicef sobre la situación humanitaria del país, que no recoge información completa sobre el estado alimenticio de los niños más vulnerables, sino a los infantes beneficiados por programas de protección.

«Los datos de Unicef son tomados directamente de los récord de la asistencia humanitaria que implementa la agencia y sus contrapartes implementadoras locales, por lo que esa información se circunscribe solo a 100.000 niños bajo los beneficios de programas de protección nutricional, lo cual no necesariamente resulta en una imagen fiel de la situación nutricional de los niños más vulnerables del país», explican.

Arremeten además contra la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh), que a un año de instalarse en el país, no ha realizado una actualización sobre el estado de las necesidades humanitarias que se identificaron en el informe presentado por la alta comisionada Michelle Bachelet tras su visita el año pasado. Remarcan que no se ha utilizado el financiamiento asignado para su labor en Venezuela en aras de hacer una encuesta nutricional a nivel nacional o una evaluación en el terreno con otras agencias del país.

«La situación descrita hasta aquí sustenta este exhorto que hacemos, no sólo a los grupos mundiales de trabajo que generan estos informes, sino también a las agencias internacionales y al propio Estado en Venezuela que tienen como mandato mantener un monitoreo constante y reflejar sin opacidad, de manera oportuna y con los más altos propósitos humanitarios las necesidades de la población», reflexionan las organizaciones.

Por lo tanto, exigen que se emprendan «mayores esfuerzos» para comprender, actualizar y difundir la verdadera crisis alimentaria y nutricional que sufre el país.

Con información de Tal Cual

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